* Más sobre la Ley Nº 29364. Esta vez un artículo de Juan Monroy Gálvez. En "El Peruano" de hace unos días este trabajo se publicó cortado, aquí aparece completo:
Históricamente es irrefutable que la ley como expresión de la voluntad popular, la Constitución como documento únicamente político y la preeminencia de los parlamentos sobre los otros poderes, son principios políticos caducos en los estados contemporáneos.
Esa es la razón por la que la actividad legislativa se ha trasladado masivamente a los ejecutivos, con el agregado de que los tribunales constitucionales se han encargado –a través del control constitucional de la ley– de reducir la importancia de los parlamentos. En tal consideración, decir que la ley es la voluntad soberana del pueblo es una ficción y, por ello mismo, afirmar que los parlamentos expresan esa voluntad es sólo una metáfora del bien perdido.
Esto explica por qué nuestro Congreso legisla muy poco en comparación con el Ejecutivo. Sin embargo, cada cierto tiempo los medios reproducen una pugna curiosa: se cuestiona al Congreso su escasa producción legislativa y éste rechaza la “imputación” acreditando, con un listado puntual, que no es cierta. Lo real es que, por un lado, se trata de un reclamo impertinente –quiero decir, que legislar más no significa hacerlo mejor– y por otro, haría bien el Congreso en aceptar que lo hace poco, dado que le será imposible probar que lo hace bien.
Hace unos días se promulgó una ley que modificó el recurso de casación civil, una de las instituciones procesales más importantes, en tanto define la actuación de la Corte Suprema, nuestro máximo órgano judicial. Decir que el Congreso ha errado en lo que se propuso con la ley sería como felicitarlo, importaría admitir que tenía un objetivo.
Un congresista ha afirmado que esta ley va a reducir la cantidad de recursos. Si ese fue el objetivo a lograr, no es complicado acreditar que el resultado a obtener será exactamente el contrario. Nos explicamos.
La ley aprobada tuvo como antecedente un proyecto trabajado durante los últimos tres años. Uno de sus objetivos, en efecto, fue reducir el acceso de los recursos a la Corte a fin de convertir a ésta en una suerte de árbitro de las costumbres, de la moral pública, de los derechos de las minorías y de las mayorías que no tienen representación política, de los bienes no renovables, en fin, de lo más trascendente y complejo que se puede discutir respecto del futuro de nuestra sociedad.
Por cierto, una tarea tan delicada como la descrita no puede hacerse con 20,000 expedientes al año. Estados Unidos tiene diez veces nuestra población pero su Corte Suprema nacional conoce menos de 200 casos anualmente. Éste era el fin del proyecto: tener una Corte Suprema que no sólo resuelva casos, sino que instruya, enseñe, oriente, comunique. Que sea la expresión de un desplazamiento del poder político hacia ámbitos donde predomine lo razonable antes que el voluntarismo vertical. Sin embargo, con la destreza del doctor Viktor Frankenstein, el Congreso destazó tres instituciones del proyecto, esenciales para que el fin se concretara. Describámoslas:
a) Si un caso recibe dos sentencias en un mismo sentido, ¿es necesaria una tercera? Atendiendo al fin buscado y a razones lógicas la respuesta es no. Sin embargo, el Principio del doble y conforme, así se llama este instituto, fue eliminado.
b) En el Perú más del 90% de los recursos de casación civil son improcedentes. En tales casos la Corte Suprema ni siquiera llega a revisar su contenido. Sin embargo, entre la presentación del recurso y la devolución del expediente transcurren en promedio 18 meses, por tanto, la casación permite atrasar año y medio la ejecución de una sentencia, esto es, la eficacia de lo decidido. Para evitar este uso malicioso del recurso se propuso que las sentencias más comunes –llamadas “de condena”– se ejecuten sin esperar que se decida el recurso. Esta institución se conoce en doctrina como Ejecución de la sentencia impugnada. Por cierto, estaba desarrollada en el proyecto pero fue desechada por el Congreso sin que mediara siquiera una razón para ello.
c) La doctrina del Precedente -no necesariamente el Stare Decisis que es otra cosa- es el instrumento por excelencia para conseguir que una corte suprema aproveche el efecto guía de la jurisprudencia. El artículo 400 del Código Procesal Civil, ahora derogado, padecía de limitaciones técnicas para cumplir tal cometido. Sin embargo, el reformado artículo 400 sólo agrava las limitaciones que tenía el anterior. No sólo se desconoce cuál es la opción de overruling acogida, sino que se condena a la Corte a ser el oráculo del derecho peruano, sin posibilidad de elegir en qué casos su fundamentación no será Precedente.
Y dos cerezas para una torta:
1) en la ley derogada había un sistema de motivos del recurso cuyo cumplimiento exigía una técnica especial asaz de anacrónica. Éste ha sido reemplazado por un sólo motivo: la infracción normativa. Con los controles antes descritos esta reducción tenía sentido; eliminados éstos, el uso malicioso del recurso se va a multiplicar (jamás olvidemos que en todo proceso las partes también están enfrentadas respecto de la duración de aquél). En consecuencia, de ahora en adelante quien quiera dilatar su caso sólo tiene que describir la presunta infracción normativa. El estropicio está consumado.
2) Por una razón que no ha sido expresada simplemente porque no existe, se ha regulado la aplicación inmediata de la ley. Esto implicaría que los recursos que llegan con el sustento de alguna de las causales del derogado artículo 386, deberían ser examinados por la Corte atendiendo a si cumplen o no con la causal de “infracción normativa”. Como ningún recurso va a contener dicha causal -mis colegas no son brujos- la Corte debería declarar la improcedencia de todos los recursos de casación interpuestos antes de la vigencia de la nueva ley, pero que estaban pendientes de calificación a la fecha de su entrada en vigencia. Eso es aplicación inmediata.
Sin embargo, estoy seguro de que ello no va a ocurrir. Los recursos tienen que ser calificados atendiendo a la fundamentación que contienen. Se va a tener que realizar una interpretación contra legem, la cual, siendo delicada y peligrosa, suele ser admitida en doctrina siempre que el empleo de la interpretación literal conduzca a una situación jurídica absurda o arbitraria. Y esto no es novedad, en Thomas v. Sorrell la Casa de los Lores enseñó: “Una ley que un hombre no puede obedecer, ni obrar conforme a ella, es nula y no es ley: pues es imposible obedecer contradicciones, y obrar conforme a ella”. Es una sentencia de 1677.
¿Hasta cuándo las leyes con un elevado componente técnico van a seguir siendo aprobadas pensando en la estadística de fin de año? Somos demasiado pobres como para desperdiciar, por negligencia inexcusable, la oportunidad de producir una reforma del Estado bien hecha.
