jueves, 31 de enero de 2008

Transacción extrajudicial y excepción procesal

En el marco del proceso judicial que ha dado lugar al Primer Pleno Casatorio Civil de nuestra Corte Suprema, destaca como uno de los temas que será objeto del pronunciamiento de ésta, el referido a la posibilidad de oponer exitosamente como excepción una transacción extrajudicial. Hasta donde se tiene entendido, existen dos pareceres opuestos en los jueces supremos; unos consideran que esta opción es válida y otros, por el contrario, entienden que ello sólo es posible para el caso de las transacciones judiciales. Veamos las implicancias de este problema interpretativo, mientras esperamos la decisión de nuestro máximo órgano de justicia.

El fundamento de quienes niegan la posibilidad de oponer una excepción de transacción extrajudicial tiene su base normativa en el art. 453 del Código Procesal Civil, el cual señala que "son fundadas las excepciones de litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión o conclusión del proceso por conciliación o transacción, respectivamente, cuando se inicia un proceso idéntico a otro: 1. Que se encuentra en curso; 2. Que ya fue resuelto y cuenta con sentencia o laudo firme; 3. En que el demandante se desistió de la pretensión; ó 4 En que las partes conciliaron o transigieron".

Sin embargo, ya desde el inicio podemos advertir que esta última postura adolece de un problema interpretativo severo. Una cosa es que el art. 453 establezca determinados supuestos donde las excepciones mencionadas deben declararse, sin más, fundadas (referidos todos a los casos de "identidad de procesos"); y otra, muy distinta, es pretender extraer de esto que dicho dispositivo legal establece una "exclusividad" dentro de la cual los supuestos que prevé son los "únicos" que permiten fundar las excepciones que señala, fuera de los cuales no existe posibilidad alguna de hacerlo. ¿En qué parte la norma en cuestión plantea esa pretendida exclusividad? La casuística procesal es demasiado rica para pretender generalizaciones semejantes pero, aún antes que esto, para pretender crear principios procesales sin tener siquiera un enunciado normativo que diga algo al respecto. Sin duda, es una operación muy riesgosa, que casi nunca tiene buen resultado.

Pero miremos más allá de la norma a través de tres ejemplos: el socio A demanda a la empresa B la impugnación de un acuerdo general de accionistas y, transcurridos unos días, se desiste de la pretensión. Concluido este proceso, ¿es posible que, semanas después, demande por lo mismo a la empresa C, que absorbió a B? Sin duda que no. La eventual excepción de desistimiento de la pretensión que oponga C será exitosa. Sin embargo, a efectos de lo que venimos exponiendo, notemos que este supuesto no se encuentra previsto en el art. 453. ¿Por qué? Porque no estamos ante casos idénticos. En el primer proceso, la relación fue entre A y B y en el segundo entre A y C, un sujeto de derecho distinto, sin la menor duda, a B.

Veamos otro caso: Si A demanda a B la reivindicación de un terreno valiéndose de un contrato celebrado entre ambas partes en 1995 y, a la finalización del proceso, recibe una sentencia que declara infundada la demanda por falsedad del título, ¿es posible que, sin temor a que le sea opuesta una excepción de cosa juzgada, demande nuevamente al mismo B por pago de arriendos, como producto de haber habitado, éste, un bien que pertenecía al demandante A, quien nuevamente se vale del documento que utilizó en el primer proceso? A pesar de que no estamos en procesos idénticos (en el primero se demanda la reivindicación y en el segundo el pago de arriendos), la respuesta vuelve a ser la misma: no es posible. La excepción que cosa juzgada que pudiera oponer B en el segundo caso deberá, sin duda, declararse fundada, a pesar de que no estamos en un supuesto contemplado por el art. 453.

Por último, apreciemos este ejemplo: A, sujeto privado, demanda a B, una Municipalidad, para que se declare judicialmente que su propiedad abarca también 150 metros de extensión correspondientes a la ribera del río Rímac, con el cual colinda. Días después y sin perjuicio de las defensas que ha opuesto en el primer proceso, B inicia uno segundo para que se declare, más bien, que la ribera en cuestión le pertenece a ésta y que el terreno de A no colinda con el río, sino termina varios metros antes.

La primera impresión es que en este caso queda descartada cualquier posibilidad de hablar de procesos idénticos: mientras en el primer A es el demandante y B el demandado, en el segundo, sucede exactamente lo contrario. Sin duda no hay identidad. Sin embargo, ello no obsta para considerar que, ante la eventualidad de que en el segundo caso B oponga excepción de litispendencia, ésta deba declararse fundada. De no ser así, se correría el riesgo de que se expidan fallos contradictorios, lo cual es evitado a toda costa por nuestro ordenamiento jurídico.

Con los tres casos expuestos podemos concluir que el art. 453 no abarca todos los supuestos donde es posible declarar fundadas las excepciones a las que hace alusión, sólo regula parte de aquellos (cuando hay procesos idénticos). Podemos deducir también que si el único sustento para considerar que sólo es posible oponer exitosamente como excepción una transacción judicial, con exclusión de la extrajudicial, es dicho artículo (el 453), entonces el argumento es errado. Del enunciado normativo en cuestión se está extrayendo, en base a una mala interpretación, una norma inexistente.

¿Qué diferencia entonces a la transacción extrajudicial de la judicial? Sustancialmente nada. En ambos casos estamos ante un acuerdo con concesiones recíprocas. Formalmente sí hay una diferencia: mientras la primera fue originariamente concebida para desplegar sus efectos en el ámbito privado, solucionando un conflicto de intereses ajeno al proceso (o, más bien, para evitarlo); la segunda, la llamada "judicial", actúa en el contexto de un conflicto de intereses ya llevado al proceso. Sin embargo, el origen y estructura de ambas, sustentado en el ejercicio de la autonomía privada (¡ningún juez tiene poder para obligar a transigir!), es fundamentalmente el mismo.

Por esta razón es que, en el plano procesal, el Juez sólo se limita a homologar la transacción: no la promueve, lo crea, ni la perfecciona. Sólo se limita a reconocer su eficacia compositiva a nivel judicial.

En conclusión, consideramos equívoco cualquier intento de diferenciar el tratamiento como excepción de la transacción judicial respecto de la extrajudicial utilizando como sustento el art. 453 CPC. Que la Suprema se disponga a darnos luces al respecto importa una situación, sin duda, muy importante para la adecuada interpretación de las normas procesales, pues es necesario erradicar de nuestra práctica judicial posturas formalistas. Sin embargo, sin reducir en este extremo la firmeza con que nos hemos expresado, no perdamos de vista que el verdadero problema que encierra el proceso que la Suprema tiene en sus manos (que atañe a la tutela de los derechos fundamentales, en particular, de los vinculados con la salud y al medio ambiente), es mucho más profundo, razón por la cual, esperamos que su tratamiento se mantenga ajeno a cualquier consideración formalista como la que ahora hemos criticado.

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1 comentario:

  1. En los casos de alimentos NO necesariamente son validas las transacciones extra-judiciales entre la partes.

    En ese escenario es posible, siempre en cuando aquel acuerdo NO sea favorable para el menor, que este NO sea valido.

    Sin embargo, en otros escenarios, los acuerdos entre las partes de forma extra-judicial, podria favorecer la NO necesidad de un formalismo ante la autoridad competente, lo cual es bueno.

    Pues de hacerlo formalmente, estariamos alimentado aquel argumento que estamos acostumbrados a escuchar para las tardias resoluciones judiciales, la excesiva carga procesal.

    Los acuerdos a traves de un contrato son ley entre las partes.

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