domingo, 18 de mayo de 2008

El plazo prescriptorio de la demanda de amparo contra resolución judicial

El segundo párrafo del art. 44 del Código Procesal Constitucional señala que el plazo prescriptorio para interponer demanda de amparo contra resolución judicial firme es de 30 días y que comienza correr desde el día siguiente de notificada “la resolución que ordena se cumpla lo decidido”.

El citado dispositivo ha sido objetivo de opiniones favorables por parte los comentaristas más autorizados del Código, sobre todo en sus aspectos más importantes: 1) la previsión de un plazo prescriptorio especial (30 días), respecto del plazo regular (60 días); 2) la firmeza de la resolución judicial a impugnarse como requisito para la procedencia de la demanda. Hasta aquí todo claro. Sin embargo, hay un punto que poco ha sido abordado y sobre el cual quisiera exponer mi discrepancia. Se trata precisamente de la frase entrecomillada en el párrafo anterior, según la cual, el plazo prescriptorio especial de 30 días no empezaría a correr desde el día siguiente de notificada la resolución a impugnarse, sino desde la notificación de “la resolución que ordena” el cumplimiento de lo que la primera decidió.

Fundamento mi discrepancia de la siguiente manera:

1) Si la ratio de regular un plazo especial más reducido para el amparo contra resoluciones judiciales (30 días respecto de los 60 del plazo regular) se encuentra en que, por un lado, se trata de un acto emanado por juez, es decir, cuya legalidad y legitimación procedimental se presume o, en todo caso, posee un alto nivel de probabilidad respecto del expedido por otra autoridad o por cualquier particular y, por el otro, en la garantía constitucional de la cosa juzgada que, para el caso en cuestión, se traduce en un interés público en la estabilidad de los actos jurisdiccionales previsto constitucionalmente (art. 139.2) para todo tipo de resolución judicial (no sólo sentencias) que concluya un proceso, entonces es fácil constatar que, en los hechos, el objetivo de la disposición comentada se ve cotidianamente traicionado, pues entre la notificación de la resolución firme a ser impugnada vía amparo y la notificación de la resolución “que ordena se cumpla lo decidido” (el consabido “cúmplase lo ejecutoriado” del juez de la demanda/de ejecución) pueden pasar varias semanas o hasta meses, dependiendo de otros factores que no viene al caso abordar. De este modo, si a los treinta días hábiles que sólo comenzarán a correr con la notificación de la segunda resolución, se le suman las semanas o meses señalados, es fácil advertir que hoy, en el Perú, el plazo para demandar un amparo contra resolución judicial es superior, en los hechos, que el plazo para interponer la referida demanda respecto de cualquier otro acto lesivo (salvando, naturalmente, los casos especiales que prevé, más adelante, el indicado art. 44).

2) El enunciado normativo en cuestión no repara en el hecho que no toda resolución judicial vulneratoria de una garantía constitucional del proceso que pone fin a éste y que, por tanto, puede ser objeto de una demanda de amparo es ejecutable. Es ocioso hacer una ejemplificación detallada, pero tomemos como muestra los dos casos más emblemáticos: los que concluyen a) con sentencia declarando infundada la demanda y b) con auto que declara fundada una excepción y, en consecuencia, improcedente la demanda y concluido el proceso. Resulta claro que en estos casos, por no existir posterior etapa de ejecución, la aparente generalidad aplicativa de la norma se quiebra, razón por la cual, el plazo de 30 días no empezará a correr desde “la resolución que ordena se cumpla lo decidido” (pues, por obvias razones, ésta nunca será expedida para cumplir su único objetivo que es anunciar el inicio de la ejecución, sino tan sólo para cumplir con un rito), sino desde la notificación misma de la resolución que puso fin al proceso.

3) Sin desmerecer las dos razones ya expuestas (que de por sí y por separado son suficientes para procurar una modificación o una mejor interpretación de la regulación examinada), existe un motivo de carácter sustancial que versa, específicamente, sobre el objeto y la función misma de los amparos contra resoluciones judiciales. Veamos: tal como lo prevé el art. 4 del Código Procesal Constitucional, la demanda en cuestión sólo procede cuando se haya configurado un “manifiesto agravio” contra el derecho “a la tutela procesal efectiva”, concepto que, según lo señala el mismo dispositivo, abarca al debido proceso y al acceso a la justicia. Esto significa, en buen romance, que sólo procede demanda de amparo contra resolución judicial cuando se alegue que en el proceso donde ésta se expidió se vulneró cualquiera de las garantías constitucionales del proceso que, “de modo enunciativo”, están previstas en el tercer párrafo del referido art. 4 (“derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”).

Ahora bien, la precisa determinación del objeto del proceso de amparo contra resolución judicial nos permite observar que la vulneración del derecho constitucional materia de la demanda no comienza con la ejecución de “la resolución que ordena se cumpla lo decidido”, sino con la resolución judicial cuya nulidad precisamente se pretende vía proceso de amparo. Esto significa, en buena cuenta y medida, que la resolución que ordena el cumplimiento de lo decidido y los sucesivos actos propios de la ejecución forzada no son intrínsicamente ilícitos sino, en todo caso, poseen una antijuridicidad derivada de la expedición de la resolución judicial presuntamente vulneratoria de una garantía constitucional del proceso, es decir, del único acto jurisdiccional cuyo cuestionamiento constituye objeto del proceso de amparo. Negar esta situación sería no valorar las garantías que, en no menor medida, asisten al sujeto que se encuentra en el otro polo de la relación procesal instaurada con el amparo: en efecto (y sin perjuicio de una eventual medida cautelar o de la técnica aceleratoria de la actuación inmediata de la sentencia de fundada de primer grado), en tanto no se expida una sentencia firme favorable al actor, no existe fundamento jurídico alguno para cuestionar la regularidad de los actos de ejecución forzada que busquen satisfacer el derecho reconocido al sujeto que salió victorioso en el proceso cuya resolución final ahora se cuestiona mediante el amparo.

Veamos lo expuesto a través de un caso hipotético: la sentencia que, poniendo fin a un proceso civil, no observó el principio de la demanda al estimar una pretensión que no fue materia de la controversia y que, como consecuencia de ello, ordena al demandado el pago de una suma ascendente a S/. 50,000, no afecta a este último desde el momento en que comienza la ejecución forzada, sino desde que le es notificada la sentencia misma. En otras palabras, inconstitucional no es por sí mismo el cobro de los S/. 50,000 vía ejecución forzada, sino que éste se realice como producto de una sentencia que ha violado una garantía constitucional del proceso. Pero nótese en esta última proposición que el cobro de los S/. 50,000 no llega a ser por sí mismo el acto cuya inconstitucionalidad se persigue, sino un efecto (inconstitucional si se quiere) de otro: la resolución que, inobservando el principio de la demanda, ha vulnerado las garantías constitucionales de defensa y del contradictorio del demandado.

Sin embargo, que los efectos perjudiciales no formen parte del objeto del proceso de amparo no significa que sean del todo irrelevantes en aquél. Los daños actuales o aquellos por producirse, acumulables o no durante la tramitación del amparo, son aquellos que otorgan relevancia jurídica a una materia controvertida (no tendría sentido llevar adelante un amparo si la alegada violación de una garantía constitucional del proceso se produjo en el contexto de la expedición de una resolución judicial que no produce ningún tipo de afectación material o jurídica sobre la parte reclamante; recordemos, además, que no existe nulidad sin daño). Por otro lado, resultan esenciales a efectos de determinar la pertinencia o no de dictar una medida cautelar (es decir, dotan de contenido al presupuesto del peligro en la demora). Por último, en caso se expida sentencia estimatoria, sirven para delinear los alcances de su actuación habida cuenta que la nulidad de una resolución judicial acarrea la retrotracción de todo lo hecho hasta antes de su expedición. Pero volvamos al punto planteando en el presente artículo.

La precisa identificación del objeto del proceso de amparo contra resolución judicial demuestra, por sí sola, la impropiedad de derivar el inicio del plazo prescriptorio al momento posterior a la notificación de “la resolución que ordena se cumpla lo decidido”. Esta última circunstancia (la expedición del conocido “cúmplase” que, en buena cuenta, marca el inicio de la ejecución forzada) es no sólo meramente consecuencial a la vulneración de una garantía constitucional ya plenamente producida, sino también a todas luces eventual pues, como ya vimos (§ 2), no toda resolución judicial pasible de ser cuestionada vía proceso de amparo requiere de una posterior fase de ejecución.

Otras razones no menos sólidas pueden sumarse a nuestra postura –como la enunciación del principio general verificable en todo ordenamiento jurídico perteneciente a nuestra familia, según el cual, el inicio del plazo para la impugnación de una resolución no está condicionado a su ejecución, sino simplemente a su efectivo conocimiento (regularmente, mediante la notificación) por parte del interesando– sin embargo, hemos preferido aludir a argumentos directamente conectados con la estructura y función propias del proceso de amparo contra resolución judicial, pues de su adecuado entendimiento como proceso urgente –situación en la que muchas veces no reparó el Tribunal Constitucional que cuenta ahora, parcialmente, con una nueva conformación– depende la consagración o no del modelo propuesto por el Código Procesal Constitucional.

En conclusión, a efectos de evitar que siga siendo irrazonablemente largo el plazo para demandar amparo contra resoluciones judiciales ejecutables, consideramos oportuna la modificación de la segunda proposición contenida en el segundo párrafo del art. 44 en el siguiente sentido:

- Dice: “Tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la resolución queda firme. Dicho plazo concluye treinta días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido.

- Debe decir: Tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la resolución queda firme. Dicho plazo concluye treinta días hábiles después de notificada ésta.

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2 comentarios:

  1. Pareciera que la fecha (o fechas) desde la cual se inica el computo para la prescripción del amparo contra resoluciones judiciales tiene su inspiración en el art. 178del Código Procesal Civil ("Hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuere ejecutable puede demandarse,...").

    ¿Aplicarías la misma crítica y sugerencia de moficiación al plazo de la cosa juzgada fraudulenta?

    saludos

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  2. Ciertamente, Alvaro, la crítica sería, en lo sustancial, la misma. Esperar a que la sentencia se ejecute para recién contabilizar el plazo genera una complejidad necesaria, sobre todo si tenemos en cuenta que existen decisiones que no requieren ejecución, como las declarativas y constitutivas. Pongamos, por ejemplo, una sentencia que, en amparo, anula un acto administrativo. En tal supuesto, no hace falta bajar el expediente y esperar el bendito "cúmplase" para comenzar a beneficiarnos de los efectos de nuestra victoria. La actuación de esa sentencia de amparo es (y debe entenderse) inmediata.

    Hace unos años (1998) publiqué un artículo sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta (o "revisión civil") donde precisamente critiqué al 178 CPC e hice una propuesta de reforma (específicamente, en cuanto al plazo absoluto que, proponía, fuera de un año). Ésta fue recogiad por la Ceriajus y ahora está en debate en el Congreso (Proyectos de Ley 251/2006-CR y 1720/2007-CR).

    Partiendo de la premisa según la cual la revisión sólo procede contra procesos concluidos y contra actos fraudulentos que no se pudieron alegar durante la tramitación de éste, la parte pertinente dice lo siguiente:

    "Art 178. C.- Plazo de interposición.- La demanda de revisión se interpone dentro de los tres meses contados desde que el afectado tuvo conocimiento del acto fraudulento. En ningún caso puede interponerse después de transcurrido un año desde que la resolución viciada ha quedado firme. Sin embargo, el plazo quedará interrumpido al iniciarse un proceso penal cuya materia sea la actividad fraudulenta. El plazo se reinicia al expedirse la sentencia condenatoria firme, en caso contrario, no se considera interrumpido".

    Saludos y gracias por participar.

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